Fue un 24 de mayo de 2011 cuando los medios internacionales informaron sobre las primeras sanciones de EEUU contra la nación caribeña, y en específico contra su industria petrolero, corazón económico del país.
"Estoy aquí para anunciar que la secretaria de Estado, (Hillary) Clinton ha decidido imponer sanciones a siete entidades extranjeras bajo la ley de sanciones a Irán de 1996", dijo el Subsecretario de Estado James Steinberg en aquella oportunidad.
En el caso de Pdvsa, la compañía más grande entre las sancionadas, el subsecretario de Estado, James Steinberg, explicó que le petrolera venezolana no podrá contar con financiamiento del Export-Import Bank estadounidense, gozar de licencias de exportación en EE.UU. y obtener contratos con el gobierno estadounidense.
En términos sencillos las sanciones privaban a PDVSA de facilidades para el comercio internacional, importar repuestos, equipos y sustancias para el desarrollo normal de sus operaciones y obtener contratos con el gobierno estadounidense, algo decorativo en cierta medida pues los negocios de PDVSA siempre fueron con empresas privadas de aquel país, no con su gobierno.
El alcance del impacto de estas medidas extraterritoriales contra la industria petrolera venezolana se verían dos años después, cuando en 2013, al sumar otras medidas y una brutal campaña de propaganda negativa contra el prestigio de PDVSA, por primera vez en años los venezolanos comenzaron a sentir las consecuencias de las medidas coercitivas anunciadas dos años antes. Luego se le sumarían otras sanciones contra personas claves y empresas estatales, la declaratoria del país como amenaza para EEUU, entre otras medidas unilaterales.
Pero veamos la verdad detrás de aquellos hechos.
De cómo la construcción de miles de hogares fue considerado por EEUU una amenaza
Los motivos aducidos por Washington se referían a que Venezuela presuntamente estaba ayudando a Irán a evadir las sanciones en el marco de los Convenios de Cooperación de la nación Persa y el gobierno venezolano que incluía la Construcción del Complejo habitacional Fabricio Ojeda, uno de los complejos de apartamentos más grandes de América Latina. El convenio incluía la aportación de capital por ambas naciones y la utilización de empresas iraníes y venezolanas para la ejecución de las obras.
Si algo sorprende a quienes no conocen Fabricio Ojeda es la calidad y belleza de los apartamentos, construidos para darles calidad de vida a miles de familias de la llamada "zona de subsidencia" que como consecuencia de la prolongada explotación petrolera afecta a una amplia franja de territorio habitado en el municipio Lagunillas, el la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en el petrolero estado de Zulia.
"Más sorprendente es que EEUU utilizara la construcción de miles de viviendas como excusa para perpetrar su ataque frontal contra PDVSA, sabiendo que afectando a PDVSA afectaría a los venezolanos, pues es prácticamente la única fuente de ingresos en divisas que tiene la economía del país" señala un analista entrevistado, quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
"Ya antes, EEUU había intentado dañar a PDVSA. Cuando en 2002 operativos de ese país con nacionalidad venezolana, pero corazón extranjero, paralizaron la industria petrolera por 3 meses, causando miles de millones en pérdidas, miles de pozos dañados, instalaciones destruidas y pérdida de activos valiosos para la industria. Luego atacó los convenios de PDVSA con otros países calificándolos de influencia negativa, y finalmente lanzó el corte a la yugular con las sanciones de hace 10 años" cierra diciendo.
Luego de la visita del Presidente Hugo Chávez a Irán, en 2009, EEUU aprobó en 2010 una legislación para "castigar" los acuerdos suscritos por ambos países mediante los cuales Pdvsa suministraría 20.000 barriles diarios de gasolina al mercado iraní, que en ese momento pasaba por una crisis debido a las sanciones que EEUU aplicaba para privarles de aditivos esenciales para la producción de carburantes. Tal intercambio formaba parte de los acuerdos para la construcción de viviendas en Venezuela, que empresas iraníes realizaron y de las que el Complejo Habitacional Fabricio Ojeda es el más emblemático.
Según Washington, en diciembre de 2010 y en marzo de 2011 los venezolanos despacharon dos cargamentos de un compuesto que se usa para mejorar la calidad de la gasolina. En total la venta totalizó US$50 millones. Dicho envío ayudó a evitar una catástrofe humanitaria en Irán debido a la falta de combustibles, cosa que enfureció a EEUU, decidido a "borrar del mapa a la nación persa" según explica nuestro entrevistado.
Se trataba de sentar las bases a como diera lugar para una andanada de sanciones contra el país, que hoy vemos han causado sufrimiento y penurias a la población venezolana, a pesar de la muy bien orquestada campaña millonaria de declaraciones y réplicas periodísticas para hacer ver que las sanciones no afectan a los venezolanos, sino al gobierno, o de que dichas medidas ilegales según el derecho internacional, comenzaron en 2019, cuando ya la economía estaba deteriorada. Ciertamente, las medidas aplicadas por Trump en 2017 produjeron la hiperinflación que aún hoy azota la economía venezolana, al privar al país de medios de financiamientos normales utilizados por todos los países del mundo, incluyendo EEUU, congelar fondos y amenazar a compradores y comerciantes para evitar que Venezuela accediera a bienes y servicios esenciales.
Son 10 años de medidas muy dañinas contra PDVSA que la han privado de repuestos, de financiamiento, de mercados e incluso de sus propios activos.
"Se trata de hacer ver que las consecuencias de las brutales medidas coercitivas son culpa de todos menos de EEUU y sus aliados internos. Incluso hoy cuando se refieren a la gestión de la pandemia, pareciera que se sintieran tristes porque Venezuela no ha vivido el infierno que viven otros países como Brasil, pues nos han quitado prácticamente todo" señala un profesor universitario consultado a condición de mantener la reserva.
En definitiva, aunque parezca increíble, la construcción de hogares dignos para las familias de la subsidencia y trabajadores de empresas públicas, ha sido considerado por EEUU algo peligroso. El libre comercio de un país con otro al parecer tiene que pasar por pedirle permiso a EEUU. El derecho también ha saldo golpeado, pues la tradición de legislaciones no retroactivas, ha sido hecha añicos cuando se creó una ley para castigar a PDVSA por negocios realizados previamente en momentos en los que ninguna ley ni nacional, ni estadounidense ni internacional trataba tales actos comerciales y de cooperación entre pueblos como delito.
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